Por participar de un emprendimiento, al emprendedor le corresponde cobrar el interés, la amortización, el mantenimiento, los seguros y los impuestos inherentes a su capital inmovilizado.
Y al asalariado le corresponde cobrar su remuneración y los accesorios de ley.

Si aún después de pagar esos costos, quedan ganancias, serán mérito de todos los participantes del emprendimiento en su justa medida, es decir proporcionalmente a la potencialidad de cada uno.

Las ganancias se deben asignar proporcionalmente a esos costos fijos que cada uno de los integrantes del emprendimiento necesita para cumplir su diario rol.
Ello es así, porque la economía tiene la virtud de auto-regulación.
Significa que lo que cuesta cada participante es lo que se espera que rinda. Si rinde más que eso, lo hará en la medida de su potencialidad, es decir de su costo.

El que no debe participar es el Estado. El Estado debe financiarse con cualquier otro impuesto, ya que cualquier mengua en las ganancias tiene resultados nefastos en la actitud de los participantes de un emprendimiento.

Esas nuevas relaciones laborales no sólo acabarían con toda pobreza sino con toda dictadura, ya sea ésta liberal, socialista o corporativa.